¿Quién cuida la plata?
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Solo para atender la emergencia se van a girar desde Bogotá cerca de cinco billones de pesos. Luego se van a invertir unos doce billones más. ¿Está preparado el país para evitar que se utilicen en campañas políticas o se desvíen a manos de los corruptos?

Hace tres años, a los damnificados del invierno de Soplaviento (Bolívar) nunca les llegaron los mercados prometidos. Por una pelea política entre el gobernador saliente y el entrante, la comida se pudrió en una bodega y tuvieron que botar lo que había costado 4.000 millones de pesos. El pasado 6 de enero, en ese mismo pueblo, casi se repite la historia. Los afectados por el invierno, tal vez recordando lo ocurrido aquella vez, decidieron asaltar la Alcaldía para tomarse 600 mercados antes de que se dañaran.

"Nos enteramos de que en una bodega de la Alcaldía había mercados guardados desde diciembre mientras que los damnificados no morimos de hambre, y por eso pasó lo que pasó", le comentó un habitante a un diario local. El Alcalde disculpó su negligencia diciendo que como no tenía suficientes mercados estaba esperando que llegaran más para repartirlos. El Gobernador también se lavó las manos diciendo que todas las ayudas habían sido enviadas oportunamente. ¿Dónde quedaron los otros mercados que mandaron? ¿Por qué tenían guardados estos?

La contralora Morelli montó una estructura de control en tiempo real. Se destinarán dos o tres funcionarios para cada municipio y estarán atentos a irregularidades. Por su parte, el procurador Ordóñez ordenó agilizar los procesos en la crisis y tener fallos en tres meses.

Ese episodio resume el temor que cunde en la costa caribe por el destino final de los billones de pesos que se van a girar desde Bogotá para las víctimas del invierno. "Los políticos, y en particular los alcaldes, se sacaron la lotería -dice un líder de uno de los pueblos más afectados de Bolívar-. A los que no tenían chance les mandan un tanque de oxígeno". En la costa están convencidos de que en plena campaña electoral (el 30 de octubre son las elecciones de alcaldes y gobernadores) la llegada de cientos de miles de millones en dinero líquido es como contratar a un pirómano para cuidar una estación de gasolina.

Y es que el dinero que está en juego para atender las necesidades de las víctimas de las lluvias es monumental: el Ministerio de Hacienda calcula que se girarán entre cuatro y cinco billones solo para atender la emergencia, es decir, lo mismo que cuesta construir la Ruta del Sol, hoy por hoy, el más ambicioso proyecto de infraestructura vial del país. Como elemento adicional hay que tener en cuenta que, por el estado de emergencia declarado, la mayor parte de ese dinero no se rige por la Ley 80 de contratación. Esa libertad, si bien es indispensable para que los recursos lleguen a la gente con la urgencia que el caso amerita, también implica un riesgo más alto de incurrir en prácticas de corrupción.

La semana pasada comenzó la prueba de fuego con el primer giro de 150.000 millones para que los gobernadores y alcaldes los utilicen en mercados, pago de arriendos -200.000 pesos en efectivo por familia- y en la construcción de albergues. Se seguirá haciendo un giro mensual por ese monto hasta mayo o junio, o hasta cuando la emergencia termine. Se dice fácil, pero la realidad es que en un abrir y cerrar de ojos el país se vio abocado a darles techo y alimento a 2.235.000 damnificados, en particular en 75 pueblos que hoy están literalmente anegados. A modo de comparación, en el terremoto del Eje Cafetero, el Forec atendió a 87.000 afectados.

Esto por hablar apenas de la primera fase, la de emergencia. "Es muy importante que el país entienda que el hecho de que haya dos o tres días de sol no significa que la emergencia ha terminado", dice Everardo Murillo, el gerente del Fondo de Calamidad. Y luego vendrá la fase de reconstrucción, para la cual se calcula que se invertirán unos 16 billones de pesos más. Pero el control de ese dinero será otra historia.

El gobierno es consciente del riesgo. "Tenemos los ojos bien abiertos -ha dicho el ministro Germán Vargas-. Donde se presente un problema se sustituirá al Gobernador y lo denunciaremos". Y lanzó una advertencia fulminante: "Varios ciudadanos nos han manifestado preocupaciones de uno en particular. Región Caribe. Departamento muy afectado. Lo tenemos en la mira, respirándole en la nuca. Al primer paso en falso, las tiene". El Ministro no quiso dar el nombre, pero los entendidos ya descartaron al Gobernador del Magdalena, pues está en tránsito de salida, y al del Atlántico, que se puso al frente de la tragedia.

El gran interrogante es si la estrategia que diseñen tecnócratas de reconocida capacidad en Bogotá será capaz de derrotar las telarañas creadas por la maquinaria politiquera de las regiones. SEMANA encontró que sobre la marcha se está montando una sólida estrategia de control para evitar que esa catarata de recursos se vaya por el caño de la corrupción.

En primer lugar, desde Bogotá, Everardo Murillo ya dio las primeras puntadas para blindar los dineros. A diferencia de lo que se venía haciendo hasta diciembre, que era comprar los mercados en Bogotá para mandarlos, ahora se gira la plata a los gobernadores y estos contratan a una organización privada idónea para que compre los mercados (como, por ejemplo, la Federación de Cafeteros en los casos de Caldas y Risaralda o una caja de compensación en Bolívar) y los entregue directamente a los afectados con una calcomanía que explícitamente dirá que ese mercado no tiene nada que ver con política. La operación, además, tendrá un interventor de reconocida trayectoria al que se le da el visto bueno desde Bogotá.

En segundo lugar, están las tres organizaciones de las grandes ligas del control en el mundo, que el gobierno convocó para que se unieran y sirvieran como acorazado. Se trata de Kroll (firma especializada en detectar fraudes financieros), Transparencia Internacional y Kpmg (una de las cuatro más importantes de auditoría en el planeta) y que esta semana deben entregar, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá, la estrategia para atajar todo tipo de fraudes.

Y en tercer lugar, como último recurso para contener a quienes logren burlar los filtros anteriores, están los dos más poderosos organismos de control del país, la Procuraduría y la Contraloría. ¿Qué van a hacer? La contralora Sandra Morelli se lo ha tomado tan en serio que va a crear una estructura ad hoc en la Contraloría. Ese nuevo equipo, que prácticamente ya está conformado, se dedicará a hacer control en tiempo real, que no ha sido usual en la historia de la Contraloría. Para cada municipio, según su tamaño, se destinarán dos o tres funcionarios y se van a meter literalmente en el fango para detectar in fraganti las fallas.

Ese esquema ya se ha puesto a prueba en el último mes y ha permitido frenar a tiempo irregularidades. "Uno de los funcionarios encontró que estaban vendiendo mercados del sistema en la plaza de mercado de Barranquilla, dio aviso a la Policía y se pudo controlar la situación", explica Felipe Córdoba Larrarte, procurador delegado para la participación, quien coordina este esquema, por mencionar solo uno de los muchos ejemplos que recoge el informe de "auditoría exprés" del pasado 12 de enero. La idea es cambiar la ecuación: no esperar a que se roben la plata para abrir la investigación y años después sancionarlos, sino evitar que se la roben.

Esta estructura no va a requerir nuevos recursos, sino que utilizará para ello los que el ex contralor Julio César Turbay, según informe de la auditoría, destinó en su momento a nómina paralela. El proyecto de la Contralora es aún más ambicioso: quieren aprovechar esta oportunidad para dejar montada toda una red de veedurías, y para eso ya hicieron un censo y convocaron a todo tipo de líderes de las regiones. "Hemos detectado que la veeduría ciudadana es importante, pero la gente no está preparada, por eso invitamos al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene amplia experiencia, y ya aceptaron".

El procurador Alejandro Ordóñez, por su parte, también ha tomado medidas excepcionales. Si se presentan irregularidades, por ejemplo, se aplicará un proceso disciplinario verbal, para poder tener un fallo, máximo, en tres meses. Y ha enviado, por medio de circulares, instrucciones claras de cómo proceder a sus delegados en las regiones. Una de ellas, sobre el giro de los recursos. "En el modelo de contratación de la emergencia no se aplica Ley 80, lo cual es una ventaja por la urgencia, pero también una debilidad y hay que ponerle especial atención", dice Carlos Mesa, procurador delegado para las regiones.

El auditor, Iván Darío Gómez Lee, también se ha sumado, y con la contralora Morelli ha diseñado un paquete de 12 medidas que se hacen necesarias para poder hacer un mejor control de la emergencia. Una de ellas, por ejemplo, es que bajo la emergencia el Presidente modifique los códigos para que la desviación de fondos se considere delito y falta grave, respectivamente. Hoy, cualquiera que haga mal uso de los recursos de los damnificados podría ser sometido a una sanción simple. "Esas medidas no son indispensables, pero se las sugerimos al gobierno porque con los instrumentos tradicionales, con los que hoy tenemos, el riesgo es mayor", dice la contralora Morelli.

Sin duda, el país nunca había contado con un plan de control como el que se plantea ni con un ejército de veedores desplegados en el terreno para evitar que la corrupción se trague los recursos destinados para afrontar un desastre como este. Pero en la práctica, está por verse. "Por mucho blindaje que le pongan a esa vaina, al fin y al cabo son los alcaldes los que hacen el censo", dice el líder mencionado atrás.

El país va a ser testigo del gran desafío de blindar las platas públicas. Es sin duda una oportunidad para demostrar que las cosas pueden ser diferentes.