¿A dónde van a parar los celulares robados?

Los tres millones de celulares robados en 2010 en Colombia terminaron en complejas redes internacionales.

El aparato más popular en Colombia es el que más se roban: en el país hay cerca de 45 millones de celulares y solo el año pasado se llevaron tres millones. Nada de raro, pues, que el delito más denunciado en el país sea el hurto de teléfonos móviles.

Nueve de cada diez colombianos tienen uno: hay registrados 44.725.636 usuarios activos de líneas celulares, según el más reciente reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que tiene datos del último trimestre de 2010.

Pero esta abultada cifra tiene una paradójica contrapartida: según estimativos de la Policía, solo el año pasado fueron robados tres millones de celulares, y este delito ocupa de lejos el primer lugar entre los más denunciados. El negocio criminal es tan sustancioso como sofisticado.

Cerca del 40 por ciento de esos hurtos ocurrieron en Bogotá, y el delito ha crecido de manera acelerada. El más reciente informe conocido de la Asociación de Empresas de Telefonía Celular (Asocel) dice que en 2009 fueron robados 2,1 millones de móviles, cifra que, de acuerdo con los registros policiales, aumentó en 900.000 para 2010. 

La dimensión de este delito ha causado un impacto directo sobre la percepción de inseguridad, y no solo en la capital. Son varias, y muy diversas, las razones que explican por qué hoy día el robo de celulares se ha convertido en una rentable industria ilegal transnacional para los delincuentes.

Un primer factor tiene que ver con un vacío en la legislación penal. Una persona capturada en flagrancia por la Policía robando un celular no pasa más de 24 horas detenida, en el mejor de los casos. En el proyecto del nuevo Código de Policía, en discusión en el Congreso, se propone castigarlo con una pena de seis meses de prisión. Mientras eso ocurre, la Policía y los ladrones juegan al gato y al ratón, y los delincuentes llevan las de ganar, pues no existe un factor disuasivo, como la cárcel, que los obligue a desistir, o por lo menos a pensar el raponazo dos veces.

Las millonarias cifras que mueve el negocio han convertido a esta actividad en una verdadera mafia con grandes márgenes de utilidad. Un BlackBerry comprado legalmente cuesta alrededor de 700.000 pesos. El ladrón, en cambio, lo vende en los diferentes sitios de acopio, los cuales son bastante conocidos en todas las ciudades del país, por un precio que va de los 50.000 a los 80.000 pesos. Ese mismo aparato es revendido por cerca de 300.000 pesos, lo cual le da un margen de ganancia al vendedor ilegal de 400 o 500 por ciento.

Una vez el cliente reporta a su operador el robo, en teoría el aparato es bloqueado. Incluso, desde hace dos años, por disposición de la Superintendencia, las empresas de celulares deben intercambiar entre sí los datos de los móviles hurtados, para evitar que sean nuevamente activados en una empresa distinta. Sin embargo, por solo 10.000 pesos y mediante un programa de Internet, el vendedor del celular robado abre las bandas y vuelve a funcionar.

Como con algunos teléfonos no es posible realizar esta operación, el negocio pasa las fronteras. Esos celulares que en Colombia no se pueden poner a funcionar son enviados en grandes cantidades a mercados clandestinos en Ecuador y Venezuela, principalmente, en donde si pueden ser activados. A su vez, de esos países llegan al mercado colombiano millares de celulares robados para recibir el mismo procedimiento en el país.

Lo grave es que el asunto no parece tener solución a corto plazo, pues es un negocio en el que muchos ganan, no hay castigo y el único que pierde es el dueño del aparato.