Polémica
"Quien pague una extorsión será visto como auxiliador del crimen": MinDefensa
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Así lo propuso Rodrigo Rivera al presentar en el Congreso, junto al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, la 'columna vertebral' de la Política de Seguridad Ciudadana, un proyecto que busca enfrentar con eficacia a las bandas criminales.
El desafío de las bandas criminales y la seguridad en las ciudades “nos está cogiendo ventaja”. Así admitió el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, los alcances de las organizaciones ilegales que rodean el negocio del narcotráfico y que, según el director de la Policía, general Óscar Naranjo, son el principal responsable del fenómeno de inseguridad urbana por el que atraviesa el país.

En un debate político en la Comisión Primera del Senado, donde los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali y Tumaco reconocieron que las autoridades locales no tienen cómo enfrentar al “crimen organizado”, el Gobierno Nacional presentó el primer bosquejo de la llamada Política Integral de Seguridad, la estrategia que esperan presentar en el Congreso con el propósito de reducir a las bandas criminales.
 
Pero más allá de la estrategia jurídica para enfrentar el crimen, una propuesta del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, causó impacto.
 
Luego que el general Naranjo describiera que una de las principales fuentes de financiación de las bandas criminales (Bacrim) es la extorsión y la microextorsión, Rivera anunció una campaña para que la sociedad, de forma cultural, condene el pago de la extorsión.
 
La propuesta, que desde ya promete ser polémica, busca que quienes sigan pagando extorsiones dejen de ser considerados víctimas y sean señalados como auxiliadores de estas organizaciones ilegales.

Aunque de momento es una iniciativa pedagógica, Rivera dijo que, en su opinión, y de no generar impacto en la ciudadanía, no se descartaría que el pago de extorsión sea castigado.

En la Comisión Primera del Senado, donde se escuchó la propuesta, hubo muchas reservas. El senador de Cambio Radical, Javier Cáceres, en su tradicional tono satírico, le dijo al ministro de Defensa que es fácil hablar "en medio de un círculo de escoltas". Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, dijo que el presidente de la República es quien tiene que explicar si esa tesis en realidad hace parte de la política contra las bandas criminales, o es un apreciación individual de uno de sus funcionarios.    
 
 
La política de seguridad ciudadana
De momento, lo que sí busca el Gobierno para enfrentar judicialmente a las bandas criminales, es hacer una "cirugía" al código penal.
 
Así lo expuso el Gobierno al anunciar la Política Integral de Seguridad Ciudadana. Se trata de un proyecto de ley que no supera los diez artículos, como los anunció el ministro de Defensa, que está prácticamente diseñado y que será definido en los próximos días por el presidente Juan Manuel Santos.

El proyecto busca reformar el código penal y su código de procedimiento con el propósito de ajustar la legislación colombiana a las necesidades de jueces y fiscales para enfrentar a este tipo de delincuentes.

“El fenómeno de las bandas criminales no se enfrenta con normas ordinarias. Se necesitan normas excepcionales”, sostuvo el Fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, quien ha participado en la mesa de discusión en la que se ha diseñado este proyecto.

Esta iniciativa, según lo explicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, busca crear nuevos tipos penales, uno de ellos el de conformación y pertenencia a bandas criminales.
 
También incluiría en el código penal conductas como la apología de la rebelión, maniobras dilatorias, amotinamiento y comercio ilícito de bienes. El proyecto también busca elevar penas al porte y tenencia de armas.

Según explicó el gobierno, la Política Integral de Seguridad ajustaría los procedimientos penales. Crearía jueces de garantías nacionales, más especializados y algunos de carácter “ambulante”, con el propósito de que no sean los jueces locales los que tengan que decidir medidas de aseguramiento.

La iniciativa también busca el fortalecimiento de la policía judicial y ampliar términos judiciales en los procesos más complejos.

El fiscal Guillermo Mendoza Diago dijo que en Medellín los miembros de bandas organizadas están muy entrenados en legislación, al punto que la flagrancia no constituye prueba suficiente para sus detenciones.

Por eso sugiere normas de excepción que, por ejemplo, permitan tener detenida a una persona por un mes, incomunicada, para poder interrogarla y saber cuáles son las estructuras y las modalidades criminales que lo apoyan. “Hoy es difícil sacar adelante investigaciones con las herramientas judiciales que cuentan los fiscales”.