Sabanalarga
dijo sí al Acuerdo de la 550
Noviembre 19
de 2011
En medio de fuertes críticas
y denuncias por parte de
varios sectores de
acreedores, el acuerdo de
reestructuración
de
pasivos en el municipio de
Sabanalarga fue aprobado,
según un primer escrutinio
realizado ayer.
Hasta el momento han participado en la
votación acreedores correspondientes al 65% del total de
la deuda del municipio que suma 37 mil millones de
pesos. El promotor designado por el Ministerio de
Hacienda, Carlos Alfonso Araújo, confirmó que en los
escrutinios parciales realizados ayer se contabilizaron
votos a favor del 51,97%, con lo que la administración
municipal queda facultada para suscribir el acuerdo ante
la Dirección de Apoyo Fiscal.
A sólo 43 días de entregar su mandato, el
alcalde Carlos Roca Roa defiende lo que considera un
gran logro de su administración, luego de varios
intentos fallidos por incorporar al municipio en la Ley
550 de 1999.
“Este ha sido un proceso absolutamente
transparente, en donde se han cumplido con todas las
exigencias de Ley. Todas las críticas están totalmente
infundadas”, manifestó el mandatario municipal al
confirmar que este martes estará en la DAF para la
suscripción del Acuerdo.
El Promotor dijo que las críticas al
proceso provienen de sectores que se oponen a que el
municipio se blinde ante posibles fallos judiciales y
embargos, lo que afectaría sus intereses particulares.
Por su parte, Alfonso Martínez Movilla,
uno de los abogados, criticó que el escrutinio se
realizara a puerta cerrada en el despacho del alcalde,
aunque contó con la presencia de un veedor, la personera
municipal y los dos promotores.
Blas Cepeda, otro apoderado, anunció que
“se interpondrán los recursos de ley porque las
denuncias de irregularidades que realizamos previamente,
se efectuaron de manera fraudulenta por parte del
Promotor”.
Lejos de Sabanalarga, votan
la Ley 550 para ese
municipio
17 Noviembre de 2011
Por Alexandra De la Hoz
elheraldo.co
El
promotor Carlos Araújo dijo
que la urna está sellada, y
será abierta hoy, en
presencia de los acreedores
del Municipio.
A una distancia de 40
kilómetros, lejos de la
plaza de banderas de
Sabanalarga,
se llevó a cabo ayer el
segundo día de votación de
la Ley 550 (acuerdo de
reestructuración de
pasivos), ya que esta fue
trasladada para el piso 26
del Hotel Barranquilla
Plaza.
Esta
situación causó malestar entre los acreedores del primer
grupo cuya jornada fue en la Villa Olímpica del
municipio, sin comodidades como en el hotel, pues a los
trabajadores, extrabajadores y pensionados de la
Alcaldía de Sabanalarga les tocó sentarse en las gradas
de dicho estadio y soportar calor.
Luz
Margarita Llanos, defensora pública, advirtió en un acta
que no existe claridad frente a cómo se debe desarrollar
este proceso, al tiempo que lamentó que haya condiciones
diferenciales entre los grupos.
“A
nosotros nos corresponde velar porque este tipo de
procesos se lleve a cabo de manera transparente y por
eso advertimos el primer día que ni siquiera existía un
acta con la relación de las personas que se encuentran
en capacidad de votar este acuerdo de reestructuración,
y lo más grave es que muchos votaron sin nosotros saber
si tienen derecho o no de participar en este proceso”.
Agregó que de manera sorpresiva el lugar lo cambian para
un sitio acogedor en Barranquilla.
“ En
la Villa Olímpica donde fueron convocados los
trabajadores y pensionados no había ni un baño, ni
sillas, por lo que debieron recurrir a las gradas, pero
hoy fueron convocados los otros acreedores con toda la
comodidad en un sitio confortable. Hoy sí hay una lista
de acreedores de las personas que tenían derecho a votar
y de manera sorpresiva encontramos a la directora del
Seguro Social, Karina Orozco, promoviendo por qué se
debía votar cuando ella lo único que tenía que hacer era
votar”.
Sobre el tema, el alcalde Carlos Roca dijo que el
proceso se está llevando a cabo de una manera
transparente, con audiencias públicas debidamente
formalizadas y socializadas como lo establece la ley y
en cuanto al traslado del sitio explicó que se hizo
porque la mayoría de acreedores, pertenecientes a los
grupos 3 y 4, con los que le tocaba discutir ayer, viven
en Barranquilla.
“El
grupo de las acreencias laborales y establecimientos
públicos son entidades del orden nacional que tienen
asiento en las capitales del Departamento como el ICBF,
Dian, Seguro Social, Triple A y otras entidades cuyas
sedes están en Barranquilla, por eso se trasladó para
este sitio, con transparencia, y de eso pueden dar fe
los promotores”.
Roca
dijo además que la ley permite que se reciban votos por
vía de correo electrónico o fax, y el proceso es avalado
por la Dirección de Apoyo Fiscal.
El
promotor Carlos Araújo dijo que todos los acreedores
depositaron su voto en las urnas y hoy serán
contabilizados.
Aclaró que esto no es una jornada electoral y quien no
tiene derecho a votar no se le contabiliza el voto.
“No
es necesaria la presencia física del acreedor en la
jornada de votación y pueden hacerlo vía electrónica o
por fax, y el escrutinio lo hace el Ministerio de
Hacienda, y si eventualmente el voto no corresponde al
acreedor o este es inexistente no se contabilizará”,
dijo Araújo.
El
proceso fue cuestionado por los abogados Héctor
Contreras y Blas Cepeda, quienes consideran que los
acreedores fueron notificados indebidamente, y no se
sabe cuántos son, ni cuánto se debe.