Reforma a la salud: Cómo lo afecta a usted
cambio.com
Desde el viernes pasado, cuando el gobierno de Uribe publicó los esperados decretos de reforma al sistema de salud, no se habla de otra cosa. Al fin y al cabo son reformas que tocan a los ciudadanos comunes y corrientes, no importa el régimen al que estén afiliados. No es exagerado afirmar que así como en Estados Unidos, desde la posesión de Barack Obama hace un año, el debate sobre la seguridad social se tomó la agenda política, en Colombia la controversia ha desplazado, al menos por ahora, todos los demás temas.

El paralelo va más lejos. En ambos países -pese a las enormes diferencias de tamaño y desarrollo- se plantean dilemas entre metas deseables pero imposibles de lograr al mismo tiempo. En particular, la disyuntiva entre la necesidad de ampliar la cobertura o aumentar la calidad del servicio. Hacer ambas cosas al tiempo requiere de mucho dinero, y con frecuencia hay que escoger entre las dos y por eso el asunto es complejo y tiene profundas repercusiones políticas. Falta ver si el paralelo entre Estados Unidos y Colombia se extiende a sus efectos políticos. Allá el presidente Obama ha sufrido una caída vertiginosa de su popularidad, que se atribuye en buena medida a la reforma de la salud. En Colombia, algunos congresistas de oposición han planteado hacerle un debate de moción de censura a la figura visible y cerebro principal de la reforma: el ministro de Protección Social, Diego Palacio.

Los 16 decretos que Palacio ha defendido 'a capa y espada' -que se resumen, en sus agumentos centrales, en la columna exclusiva que escribió para CAMBIO- contienen decenas de detalles que apenas se están asimilando, pero también tienen una interpretación general, e incluso contienen también aspectos cuya definición está pendiente. Lo que queda claro es que desde hace tiempo se habían encendido voces de alarma sobre los problemas de financiación del sistema y si no se hacía nada la tendencia conducía a su quiebra. En consecuencia, hay medidas para aumentar los ingresos -los impuestos a la cerveza y otros alcoholes- y limitación de gastos. Esto último es lo más polémico porque implica, necesariamente, reducir servicios e incluso limitar los efectos de la tutela para quienes la utilizan para obligar a las EPS a prestar costosos servicios. Los decretos implican un recorte de las coberturas médicas de los planes obligatorios de salud (POS), el incremento de las barreras de acceso a los servicios especializados y las transferencias al usuario de ciertos costos asistenciales.

El debate tiene dos componentes. De una parte, si la fórmula adoptada es equilibrada o si hay sectores que concentran el mayor peso del ajuste. Y de otra, si lo que en la práctica es una gran reforma de la Ley 100 -de la que se había hablado desde hace muchos años pero que no se había podido realizar por razones políticas- se hizo por decreto. Es decir, por la puerta de atrás, sin un debate tan profundo como el que se ha dado en Estados Unidos durante un año, y sin una visión global coherente.

Los usuarios están inconformes. "No se sabe cuál será el futuro de la salud, no se ha pensado en el usuario, qué va a pasar con él", dice el presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, y afirma que al priorizar la atención en salud de baja complejidad se restringirá aún más el acceso a los especialistas y limitará más la atención y los servicios. Según los críticos, el paciente difícilmente pasará del básico examen de medicina general porque para lograr una atención en mediana y alta complejidad la evaluación dependerá de una serie de variables que irán más allá de lo clínico, donde la relación económica costo-beneficio entrará a jugar un papel protagónico en la decisión asistencial. "Un país atendido con solo medicina general ¿en qué queda?", se pregunta Giraldo.

El dirigente se refiere al aparte del Decreto 128 que establece cómo los servicios por fuera del Plan Obligatorio -llamados ahora 'prestaciones excepcionales'- tendrán que ser financiados por los usuarios, quienes serán sometidos a una verificación de ingresos y de patrimonio, incluso familiar, para demostrar su capacidad de pago.

Según la norma, las 'prestaciones excepcionales' son "aquellas atenciones que exceden los beneficios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud que requieren de manera extraordinaria las personas afiliadas". En términos gráficos, un paciente cuyo tratamiento requiera un medicamento o un procedimiento que esté por fuera del POS deberá asumir parte del costo, o la totalidad, de acuerdo con su nivel de ingreso y de capacidad de pago. La fórmula incluye el uso de cesantías y de las pensiones voluntarias.

Se trata de una medida que tiene tanto de largo como de ancho porque, además de condicionar la prestación de un servicio al tamaño de la billetera del afiliado -que en dado caso puede necesitar atención de mayor complejidad-, su aplicación dependerá de una información que será el gran cuello de botella para acceder a la salud de calidad. Quién y cómo se medirá la capacidad de pago, los ingresos, el patrimonio personal y familiar, es la pregunta del millón y hoy nadie sabe la respuesta.

Camino de piedras

Esas inquietudes se integran a las dudas planteadas por los diferentes actores del sector (pacientes, prestadores, intermediarios, médicos) frente a los reales alcances y limitaciones de la prestación de los servicios, en la medida en que aún no se sabe cuáles serán los servicios y medicamentos a los que tendrán derecho los colombianos en el nuevo POS. Vale recordar que por orden de la Corte Constitucional -Sentencia T-760- el Gobierno tiene que unificar los planes de beneficios del régimen subsidiado y contributivo para garantizar el acceso equitativo a la salud, que según palabras de Palacio entrará en vigencia el 31 de julio, justo una semana antes del fin de la administración de Uribe.

¿Se enfermó? Pague con sus ahorros
semana.com
Los decretos emitidos durante la emergencia social dicen que los colombianos tendrán que pagar los tratamientos especiales para enfermedades graves con su dinero y castigan a los médicos que autoricen tratamientos que no están establecidos. El gobierno responde.
A cuenta gotas, se ha ido conociendo la verdadera estructura del sistema de salud que se está creando a punta de decretos emitidos -15 hasta la fecha- bajo el amparo de la emergencia social, declarada por el gobierno nacional en diciembre.
 
Los cambios han sido tan drásticos, que ya muchos expertos dicen que lo que se busca es una reforma al sistema de salud con decretos, cuando lo que debería hacerse es un gran debate en el Congreso. Así lo expresó en La W Álvaro Cardona, Decano de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Este domingo, asociaciones científicas, médicas y de usuarios llamaron la atención sobre una decisión que quedó consignada en el Decreto 128, que reglamenta el cubrimiento de los tratamientos y medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

En su artículo 15, este decreto dice que la financiación del Fonpres, se fijará con base en la capacidad de pago de los pacientes y sus familias.
 
El Fonpres es el fondo que financiará las enfermedades o tratamientos no incluidos en el POS, llamadas desde ahora "prestaciones excepcionales en salud".

“Los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de datos reportarán la información relevante para establecer la capacidad real de pago a las instancias que designe el gobierno nacional para realizar la verificación en la forma y condiciones que se defina mediante decreto reglamentario”, dice el decreto. 

En el siguiente artículo, se habla de que para financiar sus tratamientos, el gobierno reglamentará acceso a líneas de crédito fáciles para tales casos y que los usuarios puedan usar sus cesantías y pensiones voluntarias.

Lo grave es que todavía no se sabe qué tan amplio será el POS. Supuestamente, estará rediseñado para el próximo 31 de julio, según lo prometió el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio.

Además de que ésta es una decisión que se está tomando sin tener claridad sobre las reglas, podría perjudicar los ahorros que programen las familias para su futuro. Así, pues, cuando llegue la calamidad de una enfermedad catastrófica, llegará también la quiebra económica. Para Cardona, ese llamado a que la gente financie sus enfermedades con sus recursos “es un atentado muy fuerte contra la salud de los colombianos”. Escúchelo.

Al respecto, Diego Palacio dijo estar convencido de que todas las enfermedades catastróficas quedarían incluidas en el POS. Escúchelo.

En declaraciones a La FM, el ministro se defendió ante las críticas explicando que los decretos expedidos son para universalizar la prestación del servicio y unificar los planes de salud de los colombianos. Escúchelo.

Sobre lo que quedará incluido en el POS, Palacio dijo que “necesitamos limitar el POS a actividades estrictamente necesarias y con evidencia científica de que el tratamiento sirve”.

El Decreto 131 crea el sistema técnico científico en salud, cuya finalidad es la producción de conocimiento para la prestación del servicio público de salud en condiciones estandarizadas y delimitará lo que pueden ordenar los médicos. El que se salga de esta guía de procedimientos y tratamientos, recibirá sanciones.

En su artículo 31, reglamenta que “cuando el profesional se aparte sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar adoptado por su respectiva profesión y con ello ocasione un daño económico al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incurrirá en una falta que será sancionada con una muleta entre 10 y 50 salarios mínimos legales vigentes”.

“Efectivamente se pone en riesgo la autonomía profesional”, dijo Cardona a La W. Además, considera que lo más grave son las sanciones que le imponen a los médicos, porque modifica, sin ningún debate, la ley 23 de 1981, código que rige la medicina. Escúchelo.

El ministro Palacio comprende que los médicos sientan que se les está limitando su trabajo profesional, pero explica que cuando se salgan del estándar impuesto en el POS, debe ser con justificación de un comité científico. “En análisis no lo va a hacer ni el gobierno ni un juez, sino un tribunal de ética médica”, explicó. 
 
Mientras el país comienza a debatir estas medidas para enfrentar la emergencia, el Presidente Álvaro Uribe hizo un anuncio este fin de semana en Soacha, que le pedirá al Congreso que ratifique y convierta en legislación permanente los decretos que premitirán resolver la financiación de la salud.
 
Llama la atención un titular de la página de la presidencia: 'Unificar beneficios de regimenes Subsidiado y Contributivo, un gran logro de la reforma a la salud', esto podría aclarar las dudas que tienen los expertos sobre sí lo que se plantean son reformas en medio de una emergencia de salud, o sí las medidas obedecen a una reforma de la salud. 
 

Las medidas que había explicado el ministro Palacio en las dos últimas semanas sí ponen a los colombianos a sacar dinero de sus bolsillos, pero las decisiones habían sido comprensibles. La Corte Constitucional ordenó mediante la sentencia 760 crear un POS igual para todos los colombianos y que cualquier persona del país tuviera atención en salud.

Obviamente, eso vale plata y es entendible que la gente tenga que aportar. Por eso, cuando el gobierno dijo que sí había plata para la salud al anunciar nuevos impuestos a los vicios, no se generó tanta polémica.

Y lo mismo cuando anunció una revisión de los dineros que se le envían a las clínicas y los hospitales, pues, a veces, están pagándoles prestaciones sociales a funcionarios que ya no trabajan en las instituciones.

Pero ya se conoció que además están interviniendo en los planes financieros de las familias y en las decisiones médicas, que, en honor a la verdad, no deben ser los que paguen las fallas que ha venido presentando el sistema de salud.
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¿Qué opina de los decretos de emergencia social que obligarán a los colombianos a pagar más por el servicio de salud? ¿Estaría de acuerdo con una moción de censura al ministro de la Protección Social? Participe de la discusión en nuestra página en Facebook.

Certificado judicial baja de precio
Desde este miércoles, el documento que expide el DAS pasa de 20.500 a 15.000 pesos en todo el país. Con la decisión se beneficiarán unas 16 mil personas diariamente.
El DAS, en proceso de reestructuración por orden del gobierno tras el escándalo de las chuzadas, anunció que el certificado judicial que expide este organismo pasara de 20.500 pesos a 15.000 pesos a partir de este miércoles, según lo informó su director Felipe Muñoz.

“Considerando que al año son cerca de 3 millones de colombianos los que solicitan dicho certificado, la disminución de $5.500 pesos equivale a un ahorro para los ciudadanos de $17 mil millones”, anunció el organismo en un comunicado.

Esta es la segunda vez, desde 2008, que baja el costo del Certificado Judicial. Según el Grupo de Identificación de la entidad, entre enero y marzo se incrementa la solicitud de certificados y se cree que para este año unos 16 mil ciudadanos en todo el país acudirán diariamente al DAS para obtener dicho documento.

Según Felipe Muñoz, la mayor demanda para pedir el certificado se concentra en ciudadanos de estratos dos y tres que tienen entre 18 y 27 años, y que son en su mayoría colombianos que no cuentan con recursos suficientes.

La implementación del Certificado Judicial en línea a través de www.das.gov.co también ha traído beneficios en los últimos seis años. Hasta hoy, cerca de 569 mil colombianos lo han obtenido por este medio.

Finalmente, el director del DAS hizo un llamado a los empresarios del país para que solamente soliciten al ciudadano el Certificado Judicial cuando se haya tomado la decisión de contratarlo para que no se genere un desgaste en trámites innecesarios, y así evitar el congestionamiento de las oficinas del DAS en todo el país.

El año pasado, 3’129.239 ciudadanos lograron su certificado judicial.

Estas son las preguntas más frecuentes que el DAS resolvió para los ciudadanos a la hora de reclamar este documento.

1-¿Cuánto costará el Certificado Judicial a partir del miércoles 13 de enero?
A partir de mañana el valor del Certificado Judicial será de $ 15.000

2-A dónde me comunico para obtener la cita para la obtención del Certificado Judicial?
En Bogotá, la asignación de la cita se hace en el número telefónico 5 921212.

3-¿Cómo se puede obtener el Certificado Judicial?
Presencialmente en Bogotá en el DAS Paloquemao, en los SUPERCADES de Suba y del Centro Administrativo Distrital (CAD). En las Seccionales del DAS en cada uno de los departamentos del país. Igualmente a través de la página WEB, solamente sí lo ha obtenido en los últimos 6 años. La información general sobre el trámite del Certificado también puede obtenerse en Bogotá en el teléfono 5 953525 o en el 01 8000 925 525 línea gratuita nacional.

4-¿Cuáles son los horarios de atención a los ciudadanos?
En la ciudad de Bogotá, en Paloquemao el horario de atención es de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. En los SUPERECADES (Suba y CAD) de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. los sábados. Todos ellos en jornada continua. En las Seccionales generalmente se atiende en el mismo horario de Bogotá (de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes, pero no necesariamente en jornada continua) y en algunas ciudades el horario de atención puede variar de acuerdo con la demanda del certificado.

5-¿Cómo funciona la asignación de citas en las Seccionales?
En algunas seccionales la asignación de citas funciona en la modalidad de Pico y Placa, es decir por el último número de la cédula, o de acuerdo a la demanda existente.

6-¿La cita la asignan para que día?
En Bogotá las citas se asignan de un día para otro. En el caso de Paloquemao, los viernes se asigna para el lunes siguiente o si este es festivo para el martes. En los SUPERCADES los viernes se asigna para el sábado o el lunes siguiente. En las seccionales varía de acuerdo con cada ciudad y en algunos casos cuando la demanda no es muy alta, ni siquiera se requiere de cita previa.

Al igual que el salario mínimo, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) subió el 3,64%
Además de esta póliza, subirán en la misma proporción los precios de las coberturas y tarifas médicas.

De esta forma, para quienes tengan automóviles con una antigüedad menor a 9 años y cuyo cilindraje esté entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos, la póliza tendrá un costo de 236.200 pesos, pero si tiene 10 años o más, el precio es de 293.600 pesos.

Hasta 1 millón de pesos por pasarse semáforo en rojo en el 2010
Conducir en estado embriaguez resultaría igual de costoso si no se paga la multa en los 3 días siguientes.

Primer regalo de "año nuevo" de parte del Gobierno

Salario mínimo aumentó 3,64%; se ubicó en 515 mil pesos a partir de enero hoy primero de enero
Eso significa un aumento de $18.100, frente al anterior de 496 mil 900 pesos. Incremento al subsidio de transporte es de 3,7%, lo cual lo deja en $61 mil 500. En 2009 estaba en $59 mil 200.

Estas decisiones fueron tomadas en Bogotá, poco antes de las 10 p.m., tras una reunión de los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y de la Protección Social, Diego Palacio.

Luego de varias horas de discusión, los estimados finales fueron consultados con el presidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en su casa de Rionegro (Antioquia).

Ayer en la mañana el mandatario se mostró de acuerdo con un incremento que estuviera por encima de la inflación de este año (alrededor de 2 por ciento), pero "moderado".

"Tenemos toda la buena voluntad de que se haga un aumento por encima de la inflación, pero también tenemos restricciones", dijo.
Según el Presidente, era necesario mantener una inflación baja y evitar el aumento excesivo de los costos prestacionales para los empresarios y la adquisición de mayores obligaciones pensionales.

El martes, en una reunión entre el Gobierno y los sindicatos, no se pudo llegar a un acuerdo. Mientras el ministro Palacio ofreció un incremento del 4 por ciento, las centrales no se bajaron del 7,5.

Trabajadores protestan
Tan pronto como se conoció la noticia, los representantes sindicales rechazaron el alza. Tarsicio Mora, presidente de la CUT, calificó como un un "grave error" no escuchar a las centrales obreras.

"El Gobierno ha impuesto el salario mínimo por decreto para controlar el desempleo, pero que hoy tengamos un 11,2 por ciento (de desocupación) demuestra que no han funcionado las políticas del gobierno".

El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, calificó el aumento de "absurdo" e "inconsecuente" con la situación de los trabajadores: "¿Qué puede hacer una familia con un nuevo ingreso de 18.000 pesos, si se anuncian incrementos de los servicios públicos muchos más altos?".

Declarada la Emergencia Social en el país
www.semana.com
El gobierno declaró la Emergencia Social en el país, para evitar la quiebra del sistema de salud. Los primeros decretos abrirán nuevas formas de financiación para el sector.
El gobierno declaró la Emergencia Social en el país, para evitar la quiebra del sistema de salud que acarrea con enormes problemas financieros. El anuncio lo hizo el ministro de Protección, Diego Palacio, en rueda de prensa en el Palacio de Nariño.

"Queremos prevenir una situación que se ve inminente", dijo Palacio al reconocer que hay unos problemas en la estabilidad del sistema de salud. Considera necesario reorganizar los recursos del sistema con el fin de consolidarlo.

El presidente Álvaro Uribe ya firmó los primeros decretos que reglamentan la Emergencia Social que se extenderá por 30 días y se harán públicos en las próximas horas, pero Dinero. com estableció que se buscarán nuevas fuentes de financiación. Uno de ellos descongelará $1,4 billones que giró el gobierno nacional de presupuesto, pero que tienen problemas jurídicos para que se destinen a resolver los problemas del sector de la salud.

El objetivo es que los recursos lleguen a los centros de salud, clínicas y hospitales en todo el territorio colombiano. "Son 1,4 billones de pesos que saldrán de la liquidación de contratos del Régimen Subsidiado, reservas de loterías y aportes patronales", explicó.

Los decretos adoptaran medidas sobre el Régimen Contributivo. Por ejemplo Caprecom se convertirá temporalmente en proveedor de medicamentos y servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En el Régimen Subsidiado se creará un mecanismo virtual que permita que se ejecuten los contratos cuyo objetivo es reducir la intermediación y con esto, el nivel de corrupción.

Corrupción e impuestos
En la primera semana de enero saldrá otro paquete de normas anticorrupción, que diseñaron los técnicos de la Vicepresidencia de la República. Al parecer en este paquete se estaría abriendo espacio la teoría del ex fiscal Mario Iguarán, en sentido de que quién robe dineros de la salud, se pueda culpabilizar de homicida.

En la segunda semana de enero saldría adicionalmente un grupo de normas que deben modificar los impuestos que cobran los departamentos y municipios a cigarrillos y bebidas alcohólicas y con los cuales se pretende recaudar entre $700.000 millones y $800.000 millones.

Avalúo catastral de predios urbanos será reajustado en 3% en el 2010
eltiempo.com / economía / portafolio
La cifra corresponde a la meta de inflación definida por el Banco de la República para el próximo año.
De acuerdo con lo establecido en el Conpes que se celebró este lunes en la Casa de Nariño, el avalúo catastral de los predios rurales dedicados a actividades agropecuarias no tendrá ningún reajuste el próximo año.

"El avalúo catastral de los predios rurales dedicados a las actividades agropecuarias no tendrá reajuste para la vigencia de 2010. Sin embargo, aquellos con uso diferente al agropecuario tendrán un aumento del 3 por ciento", reiteró el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahíta.

Cálculos del Gobierno indican que estos reajustes podrán generar recaudos adicionales a las administraciones municipales por concepto de impuesto predial por 47.163 millones de pesos.

El incremento de los avalúos aprobado no aplica para la ciudad de Bogotá, cuya entidad catastral es autónoma para definir el reajuste.

Según el Conpes, el reajuste aprobado se aplicará sobre los predios no formados y formados con vigencia de 2009 y años anteriores.

Los predios urbanos formados o actualizados durante el año 2009 no tendrán reajuste catastral. Su proceso de actualización entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2010.

El Conpes recomendó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), a los catastros descentralizados y a las entidades territoriales, con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), mantener y continuar los procesos de actualización catastral en la zona urbana, realizar un esfuerzo adicional por formar y actualizar las zonas rurales, y fortalecer los procesos de conservación dinámica de las bases catastrales.

Puntualizó que las entidades territoriales deben adelantar las acciones necesarias para cofinanciar la actualización catastral, y mejorar la gestión local asociada con la facturación y el cobro del Impuesto Predial Unificado.

Por cada dos hombres con VIH ya hay una mujer infectada en Colombia, revelan la ONU y Minprotección
El proceso en el país, y en vastas regiones del planeta, se ha dado en forma tan rápida que expertos lo llaman la feminización del sida. Violencia y machismo, entre los responsables de ese situación.

Hace dos décadas, por cada 13 hombres infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida, había una mujer afectada. Hoy, esa relación es de dos hombres por cada colombiana.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio de la Protección Social llevaron a cabo dos estudios (uno cualitativo, entre población femenina en general, y el otro cuantitativo, entre trabajadoras sexuales), para establecer cuáles son las condiciones que hacen más vulnerables a las colombianas frente a esta enfermedad.

De acuerdo con Martha Lucía Rubio, asesora en VIH sida del Fondo, la principal conclusión del primero de esos estudios (hecho con grupos focales en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín) es que las mujeres están en un altísimo grado de vulnerabilidad, porque no se protegen lo suficiente contra el virus del sida.

A partir del análisis de la información obtenida, los investigadores concluyeron que, en buena medida, las causas se encuentran en una serie de condicionantes a los que históricamente han estado expuestas las mujeres.

"Entre ellos se cuenta -dice Rubio- el hecho de que la sexualidad femenina siempre ha estado bajo el control del grupo familiar, de la pareja y hasta de los profesionales de la salud, a grado tal que ellas lo perciben como algo natural".

'Las mujeres que vivimos con VIH nos sentimos culpables'

"Me llamo Ceci y cumplí 45 años. Estuve casada 26 años con Eduar, que fue mi segundo novio. Empecé a tener relaciones sexuales con él porque me dijo que si no lo hacía, me dejaba.

"Con mi primer embarazo tuve que dejar de estudiar y me fui a vivir con él. Eduar no me respondía con lo del niño y me maltrataba. A los cuatro años de estar juntos empezó a trabajar en bares y tuvo otra mujer.

"Por esa época me enfermé y me estaba desapareciendo. El médico me ordenó una prueba del sida, pero la autorizaron a los seis meses. Ahí supe...

"Él casi no se hace el examen, y la moza ahí. Me tocó contarles a mis hijos y a mi familia. Así duramos varios años, pero la cachetada y el maltrato seguía. Mi hijo se fue de la casa y yo me fui a vivir con mi familia.

"Creo que las mujeres nos sentimos culpables, que si decimos que vivimos con VIH nos van a tildar de trabajadoras sexuales y vamos a perder el respeto. Nos encerramos porque nos sentimos culpables".

También se encontró que la infidelidad masculina sigue siendo un hecho recurrente y tolerado cuando es con otras mujeres (no si es con hombres), "el problema grave es que aquellas que son fieles a su pareja estable creen, erróneamente, que no son vulnerables al VIH, tanto que la mayoría no contempla el uso del condón con su compañero", señala el estudio.

Las mujeres más jóvenes, vale decirlo, tienen una mayor aceptación del preservativo, pero no lo usan cuando sus parejas dicen sentir incomodidad o disminución del placer sexual.

Como en la mayoría de los casos estudiados predomina la dependencia económica femenina; en cuanto a su sexualidad, su preocupación principal es evitar embarazos: "La única información que muchas han recibido sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH ha sido durante controles del embarazo", dice el estudio.

En general, señalan los investigadores, pese a las campañas de prevención, buena parte de las mujeres incluidas en el estudio dijeron tener relaciones difíciles con el personal de salud. La principal queja es la negligencia médica, la falta de programas adecuados y la negación de las pruebas diagnósticas del VIH. Buena parte de ellas considera que la distribución de anticonceptivos no es óptima.

Rubio explicó que el propósito de los estudios era hacer un análisis de los contextos socioculturales de mujeres de distintas condiciones, algunas de las cuales viven con el virus del sida.

La idea es incorporar estos factores, que las exponen más a adquirir este virus, a las estrategias de promoción y prevención de la enfermedad.

La principal vía de infección con VIH en Colombia es la sexual

Desde que la epidemia de sida empezó en Colombia a mediados de los años 80 se han registrado, oficialmente, 64.729 casos de sida.

De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social, sólo durante el 2008 se reportaron 4.250 casos.

Se desconoce la forma en que las personas adquirieron el virus en 26.313 de los casos. En cuanto a los 38.416 restantes, se identificó que el 96 por ciento de las transmisiones ocurrió por vía sexual (el 62 por ciento de estas personas eran heterosexuales; el resto, homosexuales o bisexuales).

Se estima que 1.022 casos de infección ocurrieron por transmisión perinatal (de madre a hijo); de las 131.273 embarazadas que el año pasado se sometieron al examen del sida, 266 dieron positivo al VIH.

Se tiene información de 227 nacidos vivos, de los cuales cuatro fueron diagnosticados positivos.

En el mundo, de acuerdo con el último informe de Onusida, hay cerca de 33 millones de infectados con VIH. El número de personas con acceso a tratamientos con medicamentos antirretrovirales aumentó en un millón en todo el mundo, pero la cantidad de nuevos infectados creció a un ritmo de casi 2,7 millones anuales.

CARLOS F. FERNÁNDEZ
SONIA PERILLA S.
REDACCIÓN SALUD

Corte Constitucional ratifica legalidad de corridas de toros y peleas de gallos
Por Julián Parra Díaz
La Honorable Corte Constitucional de Colombia, máximo organismo guardián de la carta magna en el país, voto sobre si se pronunciaba o no, ante demanda de constitucionalidad de la ley que rige la protección de los animales, exceptuando el rito de los toros. Su pronunciamiento fue el declararse inhibida.

Con la contundente manifestación jurídica que hizo mayoría en la sala plena de la honorable Corte Constitucional colombiana, este máximo organismo judicial guardián de la Constitución, resolvió declararse Inhibida, para pronunciarse sobre demanda que un ciudadano interpuso, para que se declarase inconstitucional la Ley de protección a los animales y que exceptuó a las corridas de toros y las peleas de gallos.

Resulta que la Corte Constitucional en fechas pasadas ya se había pronunciado sobre la viabilidad de las corridas de toros en Colombia, partiendo de la base del estudio constitucional que el alto tribunal hizo de la Ley 916 de 2004, Reglamento Nacional Taurino, fallo que fue favorable, al reconocer el valor cultural, ancestral y de libre ejercicio de la personalidad para asistir a ellas, sentencia proferida por el Magistrado Rodrigo Escobar Gil.

Por eso en esta oportunidad, la Corte se declaró por mayoría inhibida para conocer de una segunda demanda, por aquello del principio jurídico-Romano “Non bis inidem”: Pronunciarse dos veces, sobre un mismo asunto.

En riesgo, agua de 21 millones de colombianos, según la Defensoría
eltiempo.com / verde     Foto: Archivo / EL TIEMPO
Los racionamientos serían frecuentes en más de la mitad del país, si no se cuidan las fuentes hídricas.
La mitad de los municipios no tienen una fuente que les permita abastecerse a largo plazo.
En Colombia, uno de los países con mayor potencial hídrico del mundo, más de la mitad de sus habitantes está en peligro de quedarse sin agua. Y no sería un problema menor o una consecuencia de un fenómeno pasajero como el 'Niño'.

De acuerdo con el informe anual de la Defensoría del Pueblo sobre calidad de agua en el país, que acaba de ser publicado con motivo del Día Panamericano del Agua que se celebra hoy, 21 millones de colombianos viven en lugares que tienen dificultades para mantener una disponibilidad apropiada del líquido que cope la demanda de sus habitantes.

"Esto se agrava en temporadas con tiempo seco y se nota más que todo en la región Andina", explicó Gloria Elsa Ramírez, coordinadora del informe, que se basó en registros del Ideam y de las secretarías de Salud.

No más del 28 por ciento de la población (318 municipios) vive en regiones que no tienen problemas para encontrar y disponer de este recurso. "Efectos como el cambio climático, el incremento poblacional, por natalidad o desplazamiento, y la contaminación de los recursos naturales están originando una rápida degradación y la merma de las fuentes hídricas, por lo cual es urgente la implementación de políticas públicas que aseguren el servicio a largo plazo", dice la Defensoría.

Las cosas se agravan porque, además de que el agua podría acabárseles en poco tiempo, en muchos de estos municipios no es potable.

Sólo en 248 localidades de Colombia, el 22 por ciento del total nacional (1.102), la gente puede tomar agua de los acueductos sin preocuparse. Esto es posible, por ejemplo, en Montenegro (Quindío), Sabaneta (Antioquia) y Cajicá (C/marca). En las poblaciones restantes, al usarla directamente de los grifos se pone en riesgo la salud.

Crisis sanitaria

Las cosas van al extremo de que la Defensoría del Pueblo está sugiriendo la declaratoria de una emergencia sanitaria en 29 localidades donde el agua no tiene viabilidad sanitaria, algunas de ellas turísticas como La Vega (Cundinamarca) y Ráquira (Boyacá). En ese grupo también están Argelia (Antioquia), Regidor y San Jacinto (Bolívar), Timbiquí (Cauca), Miraflores (Guaviare), Floridablanca (Santander) y Majagual (Sucre).

El estudio analizó las opciones que tiene el país para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los cuales busca reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de personas sin agua o saneamiento.

Según la Defensoría, Colombia avanzó en la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales, hecho visible en 304 municipios. Sin embargo, se estima que con la ampliación de la cobertura de acueducto, 665 poblaciones más cumplirían el compromiso, apoyadas por los Planes Departamentales de Agua que lidera el Viceministerio de Agua. No obstante, las zonas rurales de 528 municipios tendrían dificultades para el cumplimiento de ese objetivo.

Crisis en Guaviare, Guainía y putumayo

Entre las ciudades capitales, las que mejor agua suministran a sus habitantes son Medellín, Armenia y Bucaramanga. También Tunja, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Yopal, que además muestran buenas coberturas en los servicios de acueducto y alcantarillado.

Popayán, Pereira y Bogotá D.C. son otras de las que sobresalen. Sin embargo, hay casos como los de San José del Guaviare (Guaviare), Mocoa (Putumayo) e Inírida (Guainía), que se destacan por distribuir agua que pone en riesgo la salud humana, a lo que se suma una baja cobertura en acueducto y alcantarillado.

En Mitú (Vaupés) el líquido también es inviable sanitariamente.

REDACCIÓN VIDA DE HOY