El juicio de la historia
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Álvaro Uribe sale como un grande. El paso del tiempo dirá si quedará en ese lugar, es el colombiano que más tiempo ha gobernado al país y el presidente más popular
Álvaro Uribe es el colombiano que durante más tiempo ha gobernado al país y el Presidente más popular del último medio siglo. Esa doble condición le da a su Presidencia una dimensión que en principio debería ser suficiente para tener un lugar en la historia. Más aún cuando la sucesión del gobierno quedó en manos de Juan Manuel Santos, quien ganó las elecciones por haber sido identificado con las banderas uribistas.

La gran pregunta es si el paso del tiempo será tan benévolo con Uribe y con su gobierno como la evaluación que hoy hace la opinión pública. El balance de un mandatario cuando entrega el poder no necesariamente coincide con el veredicto de la historia. En la República Liberal, Enrique Olaya Herrera terminó su periodo en medio de manifestaciones de aprecio popular en las calles, mientras que Alfonso López Pumarejo renunció en medio de escándalos y conflictos sociales. En los libros de historia, sin embargo, Olaya ocupa un lugar discreto y a López se le reconoce como el gran reformador del siglo XX. Hay otro escenario que es el que seguramente le gustaría a Uribe. Alberto Lleras salió con un altísimo nivel de popularidad y lo ha mantenido hasta la fecha.

Es prematuro, en consecuencia, anticipar el papel que ocupará Álvaro Uribe en la historia de Colombia. La principal razón de su popularidad es que para el grueso de la opinión pública Uribe cumplió con lo que ofreció en su campaña: darle duro a la guerrilla. Uribe ganó las elecciones de 2002 porque se sintonizó con el sentimiento de frustración que había generado el fracaso del experimento del Caguán, que para muchos había convertido a Colombia en un Estado fallido.

La situación en que se encuentra la guerrilla hoy y la lista de golpes militares de que esta fue objeto en los últimos ocho años son la prueba para los colombianos de que Uribe hizo lo que dijo que iba a hacer. No habría sido fácil en 2002 haber imaginado el bombardeo contra Raúl Reyes, las operaciones Jaque y Camaleón, la desmovilización de miles de guerrilleros y el arrinconamiento político y militar de las Farc. El resultado de esto es que en la actualidad existe la sensación de que Colombia ha vuelto a ser un Estado viable.

Estructuró una política coherente en que todos los instrumentos del Estado estuvieron en función de la misma causa: derrotar a las Farc. En lo militar, lo político, lo económico y lo diplomático. Una tarea de 24 horas al día y siete días a la semana, mantenida sin respiro durante ocho años, que se caracterizó por el empeño y la dedicación obsesiva con que se llevó a cabo. Uribe también fue audaz y desafió viejos conceptos. Descartó, por ejemplo, la idea de “dialogar” con la guerrilla. Y, al contrario de la tradición, su gobierno negoció con los paramilitares. La marca ‘seguridad democrática’ legitimó para Colombia y para la comunidad internacional lo que no es más que una guerra total, concepto que no era aceptable sino para la extrema derecha. El gran logro de Álvaro Uribe fue convencer a sus compatriotas de que era falsa la teoría de que ni la guerrilla podía derrotar al Estado ni el Estado podía derrotar a la guerrilla. Hoy por hoy, los colombianos creen que lo segundo es posible. La continuidad de la seguridad democrática, por lo tanto, se convirtió en requisito obligatorio para todos los candidatos de la pasada campaña presidencial.

La opinión pública no pestañeó para reconocer las victorias de Uribe contra las Farc, con resultados tangibles que van desde la posibilidad de volver a transitar carreteras hasta la reducción evidente y palpable de secuestros, homicidios y tomas de poblaciones. Estos éxitos militares fueron posibles gracias al carácter y al estilo de Álvaro Uribe: un presidente que no descansó y tampoco delegó, y que se conectó con las Fuerzas Armadas. Uribe ejerció como mariscal de campo. Mandaba a las tropas, fijaba estrategias y pedía cuentas en forma directa, no solo a los comandantes sino a los coroneles y capitanes.

Paradójicamente, esa forma de ejercer el poder se extendió con menos éxito a otras áreas de la agenda gubernamental, y así como fue un determinante de los logros en seguridad también contribuyó a crear el gran lunar de su gobierno: la desinstitucionalización.
 
El ansia de terminar la tarea contra las Farc –“terminar de matar la culebra”– y el entusiasmo que produjeron los buenos resultados militares en los primeros cuatro años reforzaron en Uribe la convicción mesiánica de que solo él podía comandar la fase final de la guerra y lo embarcaron en los dos intentos de reelección: uno exitoso en 2006 y otro en 2010 que fracasó. Un periodo de ocho años es una figura defendible que existe en varios países con regímenes presidenciales. Pero aprobar la reelección para beneficiar a quien ejerce el poder es un precedente nefasto. Una característica del país que lo diferenciaba del resto del continente y le garantizaba respeto en el plano internacional era que las instituciones estaban por encima de las personas. El caudillismo personal que practicó Uribe rompió esta tradición y afectó la estabilidad política. En Colombia el Presidente siempre había tenido mucho poder, pero nunca tanto como hoy.

En los últimos ocho años tuvo lugar un debilitamiento de la rama legislativa. El Congreso se convirtió en un apéndice del Ejecutivo. La presidencia imperial y la microgerencia fueron el sello del gobierno de Uribe. Esto, sumado a un Congreso golpeado por el escándalo de la parapolítica, contribuyó a profundizar el desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos institucionales. Uribe puso en práctica un esquema de democracia directa para conectarse con los ciudadanos. Prefirió los consejos comunales en vez del diálogo con los partidos y echó mano de los referendos para tramitar reformas por fuera del Congreso. Mediante esta figura, en 2003 intentó una reforma política contra la corrupción y la politiquería, y en 2009 trató de modificar la prohibición a la segunda reelección.

Uribe contaba con amplias mayorías parlamentarias que le habrían permitido aprobar cualquier iniciativa. Aun así, tuvo que dar una batalla voto a voto que incrementó el precio de los apoyos individuales y acabó teniendo que sacar su reelección a la brava, en forma poco ortodoxa (Yidis y Teodolindo). A pesar de este antecedente, o tal vez por este, en la búsqueda de la segunda reelección optó por una fórmula diferente: acudir al constituyente primario, es decir, al voto popular, para legitimar una reforma constitucional que para amplios sectores de la clase dirigente era un atropello contra la democracia. Esta búsqueda de un tercer periodo fue tal vez el mayor error de la era Uribe. El intento de desinstitucionalizar el país nunca había llegado tan lejos.

Pero el poder legislativo no fue la única víctima del gobierno de la seguridad democrática. También lo fue el poder judicial. Es probable que una lectura con cabeza fría sobre el famoso choque de trenes arroje la conclusión de que hubo errores en ambas partes y de que nadie puede tirar la primera piedra. Pero habrá que tener en cuenta que la justicia jugó un papel decisivo como contrapeso a la concentración de poder por parte de Uribe: la Corte Constitucional frenó la segunda reelección y la Suprema procesó a congresistas y funcionarios cercanos al gobierno, en especial por sus vínculos con grupos paramilitares. Pero jamás se había visto un conflicto institucional tan profundo y prolongado como el que sostuvieron el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Fue una pelea que sacudió a la democracia. Se llegó a excesos como el espionaje del DAS a magistrados y la negativa de la Corte a elegir Fiscal antes de que terminara este gobierno.

Una de las piezas de ese episodio va a mortificar a Uribe durante mucho tiempo: el del papel del DAS para espiar y debilitar a magistrados de la Corte, a miembros de la oposición política y de los medios de comunicación. Algunos de los pecados que se le imputan a este gobierno no son más que la continuidad de prácticas que existían de tiempo atrás pero que nunca habían sido objeto de escrutinio público. Es una realidad de a puño que todos los gobiernos han utilizado la inteligencia para saber en qué andan sus contradictores. Sin embargo, a diferencia del pasado, en esta ocasión se fue más lejos y se llegó a caer en la guerra sucia. Este gobierno, después de recibir la información de sus organismos de inteligencia, diseñó una estrategia para desprestigiar a quienes consideraba sus enemigos.

El balance del gobierno Uribe en materia de institucionalidad, en síntesis, es negativo. Cambiar la Constitución para quedarse en el poder, debilitar al Congreso y declararle la guerra a la Corte son tres elementos que en conjunto arrojan un diagnóstico grave. Habría que agregar que las reglas de juego para el ejercicio del gobierno están diseñadas para periodos presidenciales de cuatro años y que con su extensión a ocho, entidades como la Junta del Banco de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Televisión pierden parte de la autonomía frente al Ejecutivo que los constituyentes de 1991 quisieron otorgarles.

La presidencia de Álvaro Uribe arroja varias paradojas. La contradicción entre los éxitos en seguridad y los lunares en la defensa de la institucionalidad no es la única. También llama la atención que su popularidad registre cifras sin antecedentes, a pesar de que los resultados en varios campos han sido bastante regulares. No hay grandes reformas, ni obras monumentales, ni construcción de infraestructura, que tradicionalmente eran obras que por su permanencia y visibilidad movían los termómetros de aceptación de los colombianos a sus presidentes. Las altas tasas de crecimiento económico tampoco se aprovecharon –como en Brasil y en Chile– para corregir sustancialmente los problemas de pobreza, indigencia y desigualdad.

Las agujas que marcan un alto apoyo a Uribe están movidas por otras razones. Una de ellas es que el tema de la fortaleza institucional inquieta a un sector de la clase dirigente que se preocupa por las consecuencias a largo plazo. Para la mayoría de la gente los resultados pesan más que los procesos. Y en algunos campos, como el de la seguridad, este ha sido un gobierno de resultados. Igualmente, desconocer al Congreso y enfrentar a la Corte es sinónimo de autoridad, de decisión y de “actuar con pantalones”, que es lo que a muchos les gusta. Y aunque la historia demuestra que a la larga es conveniente escuchar los reparos de las minorías, en el corto plazo es mucho más efectista la imagen de que el país tuvo, por fin, un Presidente que no se dejó ni de los políticos, ni de los periodistas, ni de los críticos, ni de los bandidos.

Más aún cuando Uribe es reconocido como un gobernante que quiere servir. Pocos conocen la geografía, la estructura del Estado y el país real tanto como él. Sabe cuántos litros de leche da una vaca, cuántos kilómetros hay entre Montería y Sahagún y el déficit presupuestal del sistema hospitalario del Cauca. Su lema de trabajar, trabajar y trabajar no es ficticio. Las canas y las arrugas que estos ocho años dejaron en su rostro son apenas una señal de su dedicación, empeño e intensa labor. Junto a su magnetismo y carisma, los colombianos sintieron a un gobernante cercano y empeñado en ayudarles. Uribe transmitía la impresión de que sentía el dolor de sus compatriotas como si fuera propio. Y estos a su vez sentían que tenían un papá que los entendía. Esta imagen cala porque la actitud de Uribe no es estratégica ni artificial sino auténtica y real. Muchas veces, en los consejos comunales fue más un vocero de las críticas de la gente común que un defensor de la obra de gobierno. Otras tantas actuó como intermediario entre líderes comunitarios y funcionarios del Ejecutivo, y no faltaron ocasiones en las que adoptó un tono crítico, casi de oposición.

Para calificar a Uribe se han utilizado múltiples epítetos y paralelos. ¿Un caudillo populista? ¿El mariscal de ‘mano dura’ que arrinconó a las Farc? ¿El mandatario más preocupado por los resultados que por los derechos humanos? Mientras unos lo tildaron como el autócrata que se pasó por la faja las instituciones, otros lo consideraron como el salvador de la democracia. Ahora que está de moda hablar de centenarios, nadie sabe cuál de estas dos versiones será la que se imponga en 100 años.

Mientras la historia saca sus conclusiones, es justo reconocer que es un hombre de una gran personalidad que puso la vara muy alta a sus sucesores en tres aspectos: seguridad, capacidad de trabajo y conocimiento del Estado. Aunque decir que partió en dos la historia del país sería una frase trillada y un lugar común, no hay duda de que es una realidad en lo que se refiere al conflicto interno. Acabó con el mito de la invencibilidad de las Farc, y eso no es poca cosa. Obviamente no todo es tan bueno. Muchos de los grandes problemas del país como la pobreza, el desempleo y la desigualdad aún subsisten. Sin embargo, se han sentado la bases para el despegue económico que se anticipa en esta década. Eso es lo que hereda Juan Manuel Santos.